Con el fin del estado de alarma ¿Vamos a permitir una oleada de cortes?

A diez días del 9 de mayo, seguimos sin saber si se va a ampliar la moratoria de cortes de suministros vigente hasta entonces.

Es imprescindible ampliar la protección hasta la aprobación de medidas estructurales.

Queda poco más de una semana para que deje de estar en vigor el actual estado de alarma y algunas de las medidas asociadas al mismo. Una de ellas es la moratoria de cortes de suministro de electricidad, gas y agua para familias vulnerabilizadas, aprobada mediante un decreto-ley estatal a finales de diciembre, que se mantendrá vigente hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. A partir de entonces, cualquier empresa suministradora podrá promover el corte de suministro a una familia que haya realizado un solo impago, abriendo la puerta a una oleada de cortes desde esa fecha.

El pasado 14 de abril el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció en el Congreso su voluntad de no prorrogar el estado de alarma, pero sí de ampliar durante tres meses todas las medidas de protección social en materia de desahucios y contratación de alquiler de viviendas. En su comparecencia, el Presidente no hizo referencia expresa a la moratoria de cortes. Desde entonces, ningún representante del Gobierno ha aclarado si la prórroga de parte del llamado “escudo social” incluirá la garantía de suministro de agua y energía a usuarias vulnerables y hasta el momento, y a falta de diez días para la fecha, no se ha aprobado ninguna disposición a este respecto.

Por ello, las mismas entidades que venimos reclamando medidas valientes al Gobierno desde hace meses empezamos el pasado 9 de abril la campaña #TicTacCortes, en la cual advertimos de los enormes riesgos que supondría no mantener la actual moratoria hasta que se materialicen medidas estructurales que superen las actuales y deficientes herramientas de protección.

Diferentes ministerios llevan meses trabajando en una reforma del actual bono social eléctrico, una medida que tiene enormes carencias -tras una complicada burocracia, sólo ofrece descuentos del 25% o del 40 % sobre la factura- y no llega al conjunto de la población afectada por pobreza energética. En septiembre de 2020, el número de hogares acogidos se hundió tras acabar la prórroga automática decretada por el Gobierno a raíz de la crisis sanitaria. De 1.315.019 familias beneficiarias, se pasó a 1.168.542, un 11,1 % menos.

Así pues, diferentes entidades de todo el Estado hemos realizado encuentros con la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus respectivos equipos para plantear propuestas concretas con el fin de proteger a las miles de familias que no pueden hacer frente a sus facturas de suministros básicos. Cabe destacar en este sentido que las diferentes moratorias aprobadas por el Gobierno a lo largo del último año no han planteado ninguna solución en relación a las deudas acumuladas por las familias durante este tiempo.

En virtud de lo cual, dichas entidades reclamamos las siguientes medidas con carácter urgente:

  • Principio de precaución que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de la familia antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad.

  • Redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que entre otras cuestiones abarque los tres suministros e incremente los límites de renta, para responder a la realidad social de la ciudadanía.

  • Periodo de carencia sin cortes en todo el ámbito doméstico mientras las anteriores medidas no se implementen.

  • Costes de la pobreza energética asumidos por las empresas. Las facturas impagadas que deriven de la aplicación del principio de precaución se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados.

  • En el caso de empresas suministradoras de energía, cierre de convenios con las compañías suministradoras para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas durante el último año y hasta que no se implementen las medidas definitivas.

Por lo que respecta al último punto, el convenio cerrado en Catalunya con Endesa hace un mes, a través del cual la compañía asume más del 73 % de los impagos de familias en situación de vulnerabilidad entre 2015 y 2020 abre el camino para que se formalicen acuerdos similares en el conjunto del Estado con las empresas implicadas. En un momento de máxima fragilidad como el actual, las empresas que hacen negocio con servicios esenciales y bienes básicos para la vida como la energía y el agua deben responsabilizarse de los efectos de la pobreza energética.

Ahora la pelota está en el tejado del Presidente Sánchez, la Ministra Ribera y el resto del Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos. Después de todo lo vivido, ¿Vamos a dejar en la estacada a miles de familias? No podemos permitir, a las puertas de una crisis social y económica sin precedentes, que se pueda producir una oleada de cortes de suministro.