La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, sigue sus cauces para su publicación, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados. Esta nueva regulación busca minimizar el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos. Esta ley tendrá un año para su aplicación desde su aprobación en el senado y la publicación del texto consolidado en el BOE. Desde Frozen España, ya colaboramos con diferentes entidades de gestión de excedentes como Naria, así como con entidades no lucrativas como REMAR o los diferentes bancos de alimentos a través de FESBAL.
Empresas afectadas:
Esta normativa impacta a todos los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo productores, transformadores, distribuidores, minoristas, empresas de hostelería y restauración. Cada uno de estos sectores debe implementar planes específicos para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. No será de aplicación para las microempresas o pequeñas explotaciones agrarias.
Impacto en distribuidores:
Las empresas de distribución están obligadas a desarrollar planes de prevención que prioricen la donación de excedentes aptos para el consumo humano. Además, deben promover buenas prácticas, como la venta de productos con imperfecciones estéticas o cercanos a su fecha de consumo preferente, fomentando así el consumo de productos de temporada y de proximidad.
Los fabricantes deben elaborar planes de prevención del desperdicio que incluyan, en su caso, la donación de excedentes. Además, se les incentiva a ajustar las fechas de consumo preferente para garantizar la adecuada calidad del producto, evitando así el desperdicio innecesario debido a fechas demasiado conservadoras.
Impacto en el comercio minorista:
Los comercios minoristas están obligados a ofrecer a los clientes productos que, aunque estéticamente imperfectos, sean aptos para el consumo, a precios reducidos. También deben disponer de planes de prevención y facilitar la donación de alimentos a entidades sociales. La ley establece sanciones económicas para quienes incumplan estas obligaciones, con multas que pueden variar desde 2.000 euros para infracciones leves hasta 500.000 euros para las graves.
Impacto en productos congelados:
Aunque la ley no aborda específicamente los productos congelados, las obligaciones generales de prevención y reducción del desperdicio se aplican a todas las categorías de alimentos. Por lo tanto, los agentes que manejen productos congelados deben implementar medidas para minimizar su desperdicio, como ajustar las fechas de consumo preferente y facilitar la donación de excedentes aptos para el consumo.
En resumen, la ley establece un marco integral que responsabiliza a todos los actores de la cadena alimentaria en la lucha contra el desperdicio de alimentos, promoviendo prácticas más sostenibles y eficientes en la gestión de los recursos alimentarios. La nueva ley podrá ser una oportunidad para el producto congelado ya que a través de esta categoría gracias a su durabilidad se reduce el desperdicio.